Un curioso episodio de la Restauración: El Motín de El Salobre (1911)

Hace ahora cien años, en agosto de 1911, parece haber tenido lugar en El Salobre un “violento motín” contra los concejales, que estaban suspendidos desde hacía tres meses por una provisión del Gobierno Civil. Al menos, eso dicen los diarios nacionales La Época y La Vanguardia de los días 17 y 18 de agosto en dos breves de texto prácticamente igual: “Motín en El Salobre. ALBACETE,

Por cuestiones políticas se produjo en el pueblo de El Salobre un violento motín. Los vecinos se estacionaron frente al Ayuntamiento en manifestación, dando gritos y pidiendo la destitución de los concejales, que han estado suspendidos algún tiempo”.

La noticia en principio, me extrañó, porque no es un motín de hambre o de consumos –que sería más lógico y más frecuente entonces, aunque quizá no aquí- sino un motín “político”. Algo raro en un pueblo como éste, que siempre fue tranquilo y poco vinculado a luchas partidistas, y en una coyuntura en que las represiones de la Semana Trágica (1909) y de los marineros que a principios de agosto de este año 1911 habían sublevado la fragata Numancia –el cabecilla fue fusilado el día 9- estaban tan cercanas y animaban tan poco a meterse en disturbios. Más aún, teniendo en cuenta que el supuesto motín se habría dirigido muy en particular contra los dos hermanos, Ramón y Luis de Llano, propietarios de muchas de las tierras y de la poca industria que quedaba en el término, que venían manteniendo un cacicato atípico, por su paternalismo, y tenían de su parte, o como protegidos, a muchos salobreños. De hecho, desde hacía más de un cuarto de siglo –aquí no funcionaba aquel bipartidismo turnante y automático que inventaron Cánovas y Sagasta- venían ostentando la alcaldía sin el menor problema (Luis de Llano la tuvo desde 1885 a 1890, y su hermano Ramón desde 1890 a 1907 y desde 1908 hasta el 3 de junio de 1911, en que fue suspendido, junto al resto de la corporación, como podremos ver).

Puesto a buscar las causas de esta suspensión y de los subsiguientes incidentes, la documentación ofrece una visión bastante diferente, aunque aún incompleta, de lo que en realidad sucedió en El Salobre, que tiene más que ver, en mi opinión, con el bipartidismo y los usos políticos de esta turbia etapa de la Restauración que con las opiniones o inquietudes políticas de unos salobreños que nunca se metieron demasiado en política.

Al parecer, la historia comenzó a la caída del gobierno de Maura, y el acceso al poder de Canalejas en febrero de 1910. A alguien del triunfante partido liberal debió de parecerle que ya iba siendo hora de acabar con “los Llanos”, que venían ganando todas las elecciones de El Salobre, y poner en su puesto a alguien más manejable o acaso más rentable para su propia opción. A tal efecto, en marzo de 1911 se envió a Luis Becerra Bouliver, delegado por el Gobernador Civil de la Provincia, que hizo una inspección en el Ayuntamiento y encontró al parecer, irregularidades en la administración del dinero del Pósito, prestado a ocho vecinos por una decisión municipal unánime. Ésa fue la razón –o puede que la excusa- por la cual el alcalde y cinco concejales quedaron suspendidos, y fueron designados para sustituirles de manera interina Juan Martínez Marín –que ya lo había sido fugazmente con anterioridad-en calidad de alcalde, y los nuevos ediles Manuel Marín Rodenas, Julián Martínez Maestro, Mariano Maestro Cano y Antonio Marín Pérez, además de Teodoro Martínez y Santiago Palacios –que ni siquiera acuden a tomar posesión con los demás el día 9 de junio- en lugar de Magdaleno Marín y Benito Palacios, que habían renunciado, y Toribio Martínez (que al parecer no tiene capacidad legal, al no haber sido antes concejal de elección), para cubrir el puesto de otro fallecido.

Durante el mes de junio, aunque algunas sesiones no pueden celebrarse porque no se presentan concejales bastantes, se acepta la renuncia del oficial primero y se nombra en su puesto a Cirilo Martínez. Este es sólo el comienzo de una purga que alcanza al oficial segundo, cesado y reemplazado por D. Andrés Vizcaya, e incluso al alguacil, Antonio Gracia, que es sustituido por Pedro Antonio Amores, y al depositario Eufemio Nieto, en cuyo puesto queda un cierto Julián Sánchez. La limpia llegará incluso al secretario, don Juan Miguel Rodríguez, acusado de ser amigo de los Llanos y su corporación –en nombre de los cuales había interpuesto un recurso de alzada contra su suspensión- y cesado en sesión de 18 de junio –en la que se designa a Tomás Tabernero- por no ser de confianza para los concejales sustitutos, además de remiso y negligente en la tramitación de las matrículas de actividad industrial y de denuncias por la roturación ilegal de terrenos. En la misma sesión se exigirá también a Eufemio Nieto que en tres días rinda cuentas de los fondos de arbitrios y consumos que tenía a su cargo, y se hace publicar los edictos que antes no se habían sacado para solicitar la exención o inscribir a los mozos que debían entrar en el sorteo para ir al ejército. Con esto, y conociendo el rechazo que había a pagar los consumos y al sistema de quintas con redención metálica –sobre todo, después los mil muertos del Barranco del Lobo- es posible pensar que los pecados del alcalde de Llano tuvieran más que ver con su paternalista forma de gobernar, protegiendo a los prófugos y perdonando el cobro de aquellas exacciones, que con el mal manejo de los fondos del pósito, fuera éste cierto o no (de hecho, no parece que hubiera gran motivo, cuando los concejales “propietarios” no tardaron en ser convocados de nuevo a tomar posesión).

En efecto, en el acta del 9 de agosto consta que, a pesar de haber sido citados a tomar posesión los De Llano y demás concejales suspensos, éstos no comparecen, aunque se interrumpe la sesión por dos horas para ver si lo hacen. Probablemente temen que haya una encerrona, pues el 11 de agosto, convocados de nuevo, y al entrar en la sala los De Llano y otros tres ediles, una parte del público que esperaba en la misma y en la escalera aneja se retiró a la plaza, donde se organizó un fuerte griterío con protestas contra ellos –muy en particular contra Ramón de Llano- y vivas a favor de Canalejas y del gobernador, así como también del alcalde interino, que se asomó al balcón solicitando calma y fue vitoreado. No obstante, la sesión tuvo que suspenderse, los citados huyeron sin tomar posesión y los manifestantes, divididos en grupos, se fueron a sus casas sin causar más problemas. Ése fue el “motín” que en los días siguientes aparece en la prensa nacional, a la que es de pensar llegara la “noticia” en una nota del Gobierno Civil, interesado en dar la impresión de desorden. Da toda la impresión de que fuera un montaje de las autoridades para impedir la toma de posesión prevista y exigir la presencia de la Guardia Civil.

El 13 de agosto, ya con una pareja de la Guardia Civil en el pueblo por si se produjeran nuevas alteraciones, se hace constar en acta que De Llano y los suyos se habían ausentado “precipitadamente” sin oír al alcalde que pedía que esperasen. Sin embargo, serán convocados de nuevo a tomar posesión el día 18 a las 4 de la tarde. Pero el gobernador no da el brazo a torcer: el día 17, tras mandar al teniente de la Guardia Civil de Alcaraz con la fuerza a su mando, envía un telegrama, a través del alcalde de esta población, en el que se prohíbe que se dé posesión a los De Llano, Juan Antonio Castillo, Tomás Rodenas Cádiz, Narciso Marín Pérez y Tomás Rozalén, concejales electos, que han sido procesados por injurias contra la autoridad –ya no por la inspección- por auto de 14 de agosto del Juzgado de Instrucción de Alcaraz. ¿Existía motivo para temer disturbios? Seguramente, no, puesto que en el escrito al oficial de la Guardia Civil, y en la respuesta de éste en ese mismo día, se dice claramente que no hay temor alguno de alteración del orden. Pero el gobernador, don Pablo Olaya, sabía lo que hacía: de momento, meter el miedo en el cuerpo a muchos concejales, tanto los propietarios -Narciso Marín Pérez, Juan Antonio Castillo y Tomás Rodenas Cádiz, pues Tomás Rozalén ya había presentado la renuncia a su cargo alegando tener más de 60 años y estar mal de salud- como los interinos: el 18 de agosto, el propio alcalde, Juan Martínez Marín, presentará un escrito diciendo que se tiene que ir fuera del término para tomar las aguas por prescripción del médico; pero antes mandará al alguacil a buscar uno a uno a todos los ediles, suspendidos o no, para notificarles la orden de Olaya. A las 9 del día 18 de agosto ya han firmado al margen la comunicación del alcalde Martínez todos los concejales interinos: Manuel Marín Rodenas, Julián Martínez Maestro, Antonio Marín Pérez, Antonio Moreno Moreno, Mariano Maestro Cano y Toribio Martínez Osorio (analfabeto, este último, signará con la cruz), junto con la mujer de Mariano Maestro, que se encontraba en cama, y que presentará su renuncia en septiembre por su edad y sus enfermedades. A partir de ese instante, el alguacil Amores, con un par de vecinos –Morillas y Carmona-que actúan de testigos, buscará uno por uno a todos los ediles convocados a tomar posesión y les leerá el escrito del alcalde interino anulando la cita de las cuatro de la tarde por orden superior. Los De Llano, y los suyos no quisieron firmar el enterado, a excepción de Narciso Marín, a quien seguramente cogió desprevenido, y de Tomás Rodenas, que dijo no saber.  Obviamente, no hubo toma de posesión. Pero la calma era solamente aparente. El 20 de agosto, tras la dulce noticia de que se va a empezar la obra del camino vecinal a Reolid, aprobada días antes (quizá para mostrar las ventajas del nuevo gobierno liberal), y en ausencia del alcalde interino, Juan Martínez, cuyo escrito diciendo que se va a tomar aguas se lee en esa sesión, se da lectura a otra en que el gobernador notifica la causa por injurias abierta en el Juzgado de Instrucción de Alcaraz contra los concejales titulares y prohíbe que tomen posesión. Y el día 23, desde Albacete, escribe Pablo Olaya recordando los hechos y añadiendo que el mismo Juzgado de Instrucción también ha procesado y suspendido “por prolongación de funciones” –es de creer que a instancias de los destituidos- a los cinco interinos: Juan Martínez Marín, Manuel Marín Rodenas, Julián Martínez Maestro y Antonio Marín Pérez. Igualmente se dice que Teodoro Martínez y Santiago Palacios no se habían presentado a tomar posesión, mientras Mariano Maestro se excusaba por sus enfermedades. Y como consecuencia, no habiendo ex-concejales que pudieran tenerlos con arreglo a la ley, se procede a nombrar para estos cargos hasta ocho suplentes: a Benito Palacios, Magdaleno Marín, Teodoro Martínez, Santiago Palacios y Antonio Castillo, Tomás Martínez Cádiz, José Manuel Cádiz Martínez y Juan Tomás Rodenas, y se ordena al alcalde accidental que convoque sesión para constituir el nuevo Ayuntamiento. Pasado más de un mes, el día 27 de septiembre se reúne el alcalde Juan Martínez Marín, con cuatro concejales (Manuel y Antonio Marín, Julián Martínez Maestro y Toribio Martínez) y con los interinos suspensos en el cargo y sus correspondientes sustitutos. Se da lectura a la orden del Gobierno Civil, y toman posesión los ocho concejales, quedando proclamado Magdaleno Marín como nuevo alcalde, por ser el que más votos alcanzó en elecciones anteriores. Asimismo se eligen por tenientes de alcalde a Benito Palacios y Toribio Martínez, y respectivamente interventor y síndico a Tomás Martínez y Juan Tomás Rodenas González, sin mayor incidente que la protesta expresa de Benito Palacios por la adjudicación de la segunda tenencia de alcaldía a Toribio Martínez, que tuvo menos votos que Antonio Castillo en los tiempos pasados. Se supone que así quedaba preparado un nuevo Ayuntamiento para que los comicios previstos para ese año pudieran celebrarse de manera más libre, pero probablemente fueran sólo una forma de cambiar el poder de los De Llano por el de Andrés Vizcaya, que sin duda estaría mejor relacionado con las autoridades liberales de turno. El 1º de enero de 1912, bajo la presidencia de Juan Tomás Rodenas González, concejal elegido con más votos según señala el acta, se elige nuevo alcalde, con dos votos en blanco y cinco a favor, al hasta entonces oficial interino, Andrés Vizcaya; a Cirilo Martínez y Juan Tomás Rodenas como nuevos tenientes, y como interventor y síndico en funciones a José Manuel Cádiz y Gregorio Abril. Pero parece ser que ni Rodenas era concejal elegido con anterioridad, ni se había aceptado para cubrir vacantes a otros que sí lo eran, como José María Pretel Castedo y Toribio Martínez, o Santiago Palacios, Magdaleno Marín y Benito Palacios, que tenían al efecto capacidad legal. Defectos que no eran solamente de forma, sino que afectaban a la legalidad de la corporación, como Ramón de Llano alegará después.

Hasta aquí los sucesos y el relevo en el Ayuntamiento, que, como puede verse es un galimatías lleno de acusaciones y hasta procesamientos poco justificados, y es de creer que presiones de las autoridades y sin duda también de los De Llano, que aún provocarán situaciones incómodas y algunas dimisiones o renuncias forzadas, aunque se justifiquen por motivos de salud o de edad. Como decía Costa, libertad sin garbanzos no es tal libertad, y quien tiene el estómago pendiente de la despensa ajena no vota lo que quiere (o quiere justamente a quien tiene la llave, que viene a ser lo mismo), y aunque los concejales no eran precisamente los más pobres del pueblo –todos son propietarios, si bien no adinerados- sí dependían mucho del favor caciquil; pero también es cierto que el abuso de fuerza y el cohecho de las autoridades no violentaban menos a los administrados. Y no digamos nada de las gentes humildes, que ni siquiera entraban en el Ayuntamiento ni entendían de política más de lo necesario para echar la peonada y ganar el jornal. Desde luego, está claro que, a pesar del sufragio universal –masculino, obviamente- que ya existe desde 1890, lo que menos contaba era la fantasmal voluntad popular –que también puede estar manipulada, pero al menos se expresa de forma democrática- y sus representantes.

Pero Ramón de Llano no se dio por vencido. Cuando, a fines de octubre de 1913, Dato, conservador, releva a Romanones, sucesor del difunto Canalejas, vio su oportunidad: el 6 de diciembre de este último año De Llano conseguía en el Gobierno Civil de Albacete la certificación de que Toribio Martínez nunca fue elegido concejal, por lo que nunca pudo ser nombrado interino, y en cambio sí lo fueron José María Pretel o Toribio Martínez, elegidos en 1885 (cuando él mismo accedió a la alcaldía), a quienes se excluyó de la interinidad de manera arbitraria. Con tales argumentos elevaba una instancia, fechada el día 5, denunciando esta serie de irregularidades ante el gobernador y pidiendo que fueran anuladas la sesión de 1º de enero del año anterior y la elección de Juan Tomás Rodenas y el resto de los cargos que en ella se produjo... Y parece que ahora, con los conservadores gobernando en Madrid, tuvo éxito inmediato: volverá a ser alcalde desde enero de 1914 hasta julio de 1921, en que toma el relevo un hijo suyo, Ramón de Llano Ruiz. Los De Llano volvían al poder y las aguas revueltas a su cauce: mandarán los de siempre, los que hacen favores, consiguen inversiones (no muchas, la verdad, porque la carretera y el ferrocarril seguirán siendo sueños), facilitan gestiones o usan sus influencias para arreglar problemas, liberar a los mozos de la mili o perdonar sanciones…, a cambio, claro está, de la lealtad y el voto. Es difícil saber exactamente qué ocurrió de verdad en El Salobre en el verano de 1911, pero da la impresión de que se trata de un episodio más –aunque muy llamativo- de la turbia política seguida por los grandes partidos españoles desde que se rompió el consenso del turno establecido entre Sagasta y Cánovas. Si se quiere, una anécdota, pero que nos permite situar este pueblo en el mapa político de la Restauración y estudiar muy de cerca los efectos del autoritarismo, y obviamente también del caciquismo, sobre los municipios de pequeño tamaño, que eran la mayoría. Los sucesos parecen responder al interés del liberal Olaya, gobernador civil, de expulsar del poder a los De Llano, a los que de otra forma no podía remover, dada la inexistencia de una oposición capaz de desbancarles, usando para ello de unas normas legales previstas para casos de absoluta excepción. Es de creer que pensara en el control de la Diputación, donde había habido plantes de los conservadores, y en mantener al frente del distrito a los Flores, porque el procedimiento –el abuso de ley y la utilización de la misma justicia- hace casi imposible pensar que se tratara de un efecto de aquel revisionismo regeneracionista y anticaciquil que en teoría animaba a las dos formaciones (cuyos líderes no eran capaces, sin embargo, de sacar adelante la deseada Ley de Régimen Local o de Autonomía Municipal, que en palabras de Maura iba a significar el “descuaje del caciquismo”). Más bien es un ejemplo de la insinceridad de aquellos dos partidos, parecidos ya entonces como dos gotas de agua, que sin dejar de hablar de la necesidad de regeneración y respeto a las normas democráticas, se mostraban dispuestos a hacer todas las trampas que fueran necesarias para perpetuarse en la Administración, sin el menor respeto por los administrados, que serán sus peones en un oscuro juego cuyas reglas no entienden muchas veces. Y lo peor es esto aún podía empeorar: bajo la Dictadura de Primo de Rivera se eclipsan los De Llano –De Llano Ruiz termina siendo republicano, como el hijo de Maura o Alcalá Zamora y otros viejos monárquicos, dolidos con el rey por haber apoyado al general- pero el poder no vuelve al pueblo soberano, sino que parará en personajes turbios que harían añorar a los viejos caciques y a su paternalismo más o menos auténtico.